Más de veinte disidentes se han entregado al Ejército en medio de la crisis con el ELN en Catatumbo
Ocho miembros del Frente 33, entre los que dos son menores de edad, acudieron a las autoridades para someterse a la justicia.
Bogotá. Enero 21 de 2025. La Fuerza Aérea Colombiana, en conjunto con la Unidad para las Víctimas, ha realizado el tercer vuelo humanitario con destino a Aguachica, Cesar. (Colprensa - Cristian Bayona).
Entre el 20 y el 22 de enero, cuando las Fuerzas Militares han incrementado su presencia en el Catatumbo para hacer frente a los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, veintidós disidentes de las Farc han expresado su deseo de dejar el grupo armado ilegal.
Según una breve comunicación del Ejército a la prensa, el fortalecimiento de seguridad, que ha implicado “el ingreso de Fuerzas Especiales” al Catatumbo, ha propiciado “las condiciones necesarias para que integrantes de los grupos armados se sometan a la justicia”.
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En ese sentido, ocho integrantes del grupo armado residual estructura 33 —que es la forma técnica con la que las autoridades castrenses llaman al Frente 33 ‘Mariscal Antonio José de Sucre’— se entregaron al Ejército en la zona rural de Tibú.
La Aviación de la institución, a su turno, llevó a los señalados disidentes a Cúcuta, la capital de Norte de Santander —el departamento que agrupa a los municipios del Catatumbo que están en crisis— para iniciar “la ruta de atención humanitaria establecida por el Gobierno”.
Dos de los ahora retirados integrantes de las disidencias son menores de edad, por lo que el Ejército los entregó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) “para el restablecimiento de sus derechos”. Los ocho sometidos se suman a otros catorce.
En medio de los días de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Calarcá’ en el Catatumbo, catorce presuntos disidentes se han entregado a las autoridades en El Tarra y Tibú, según un reciente balance del Ejército Nacional.
La entidad castrense aseguró el 21 de enero que, ante la presencia de las tropas desplegadas en Tibú y el Tarra, se entregaron catorce personas identificadas como integrantes del Frente 33, uno de los que mantiene diálogos con el gobierno de Gustavo Petro.
Se trata de la estructura con la que el ELN sostiene crudos combates en los municipios norsantandereanos de Teorama, Convención, Tibú y La Gabarra, hacia donde, según información de la fuerza pública, el ELN trasladó actores armados desde Arauca para adelantar su ofensiva.
Tanto Arauca como Norte de Santander son departamentos fronterizos con Venezuela, un país en el que el ELN se refugia en ocasiones y al que se ha desplegado un éxodo alertado por el Gobierno venezolano, por cuenta de los cruces de disparos que han afectado mayormente a la población civil.
Además de las catorce personas ahora sometidas a la justicia, el Ejército informó sobre la “desvinculación” de un menor de edad que, presuntamente, había sido reclutado por las disidencias. “Estas personas buscaban resguardo”, remarcó la institución.
El órgano comandado por el general Luis Emilio Cardozo enfatizó en que quienes se rindieron ante las tropas querían “protección en una unidad militar”. “Al entregarse tenían en su poder abundante material de guerra, intendencia y comunicaciones”, añadió el Ejército.
Todo el material incautado “fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con el debido proceso”, subrayó el organismo, que aseguró que “continúa desarrollando operaciones militares que permitan garantizar el control territorial” en Catatumbo.
La crisis humanitaria en el Catatumbo ha dejado hasta ahora un saldo de más de treinta mil personas desplazadas que han llegado hasta Cúcuta, la capital de Norte de Santander, hacia donde las autoridades han llevado unas 56 toneladas de ayuda humanitaria.
Entidades estatales, como la Unidad para las Víctimas y el ICBF, se articularon con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lo que llevó a que aeronaves C130 y C295 transportaran artículos de primera necesidad y elementos de aseo para mitigar el malestar de las personas afectadas.
Según los cálculos de la Defensoría del Pueblo, existe registro de al menos ochenta asesinatos en el Catatumbo, un territorio en disputa. El presidente Petro busca decretar el estado de conmoción interior y de emergencia económica para intentar atender la crisis.
La labor humanitaria de la fuerza pública a través del despliegue de tropas y aeronaves permitió este miércoles, asimismo, la extracción desde Tibú de seis miembros una comunidad indígena, dentro de la que se encontraba una mujer embarazada.
De acuerdo con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, veintitrés comunidades indígenas del Pueblo Bari y del Pueblo Yupka permanecen confinadas en el Catatumbo desde la semana pasada.
“La escalada de violencia atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) está teniendo un impacto devastador en los derechos de las comunidades locales, especialmente en mujeres, niñas, niños y pueblos indígenas”, señaló la Oficina. Entre las víctimas hay dos defensores de derechos humanos.
