JEP imputó a 4 generales y 25 oficiales del Ejército por 442 casos de falsos positivos en Antioquia
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, señala a altos mandos militares por crímenes de guerra y lesa humanidad entre 2004 y 2007.
Ejército Nacional. Foto: Getty Images. / EGT
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 4 generales retirados y 25 oficiales del Ejército Nacional, señalándolos como máximos responsables de 442 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles en Antioquia, entre 2004 y 2007.
Según la JEP, las víctimas fueron presentadas falsamente como bajas en combate en el marco de una política de “conteo de cuerpos” aplicada por la Brigada IV del Ejército.
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Los generales retirados Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria fueron imputados por su papel en la implementación de esta política dentro de la Brigada IV, bajo su mando en el periodo investigado. De acuerdo con la JEP, esta práctica promovió el asesinato sistemático de civiles para inflar las cifras de éxito militar, favoreciendo ascensos y otros incentivos dentro de la institución.
Junto a los 4 generales, la JEP imputó a otros 25 oficiales y 10 suboficiales por su participación en la ejecución de estos crímenes. Además, 2 civiles fueron señalados como miembros de una red dedicada al reclutamiento de víctimas, quienes eran entregadas a los militares a cambio de dinero.
Por primera vez en un proceso de falsos positivos, la JEP también documentó casos de tortura contra las víctimas o sus familiares. En 22 incidentes, con 41 afectados, personas fueron acusadas arbitrariamente de pertenecer a grupos armados y sometidas a torturas para obtener información.
Este auto de imputación es el séptimo dentro del Caso 03 de la JEP, que investiga crímenes de este tipo a nivel nacional. Antioquia se suma así a otras regiones como Norte de Santander, la costa Caribe, Casanare y Huila, donde se han documentado patrones similares.
La JEP determinó que la política de “conteo de cuerpos” promovía el número de muertos como la principal medida de éxito militar, desincentivando capturas y promoviendo asesinatos bajo diversas modalidades. Las víctimas eran captadas mediante engaños con falsas ofertas de trabajo, retenidas arbitrariamente o incluso asesinadas en escenarios improvisados.
En este contexto, los altos mandos ejercían presión constante sobre las tropas. Documentos y testimonios revelan que los generales transmitían órdenes directas sobre el número de bajas esperadas. La JEP cita registros de programas radiales internos donde se indicaba: “Lo único que cuentan son las bajas” y “las capturas no nos sirven para nada”.
Los imputados tienen ahora 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos. En caso de reconocer su responsabilidad y aportar una verdad completa, podrán acceder a sanciones restaurativas. De lo contrario, su caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde enfrentarían un juicio adversarial con penas de hasta 20 años de prisión.
