Gobierno de Nicaragua disolvió otras 10 ONG y ya son más de 5.600 las que ha cerrado
La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral siete ONG por incumplimientos a las leyes que los regulan y las otras tres porque solicitaron su disolución voluntaria.
Daniel Ortega. (Foto: INTI OCON/AFP via Getty Images) / INTI OCON
El Gobierno de Nicaragua canceló este lunes 24 de febrero, el registro y la personería jurídica a otras 10 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, con lo que ahora son más de 5.600 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018.
La disolución de esas organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
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La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral siete ONG por incumplimientos a las leyes que los regulan y las otras tres porque solicitaron su disolución voluntaria.
Las 10 ONG canceladas son la Asociación Motivos Profundamente Arraigados; Asociación Cristiana Casa de Dios Puerta del Cielo; Fundación “Eco”; Asociación Bautistas Fundamentalistas Independientes en Nicaragua; Instituto para el Desarrollo, Evaluación, Asistencia y Soluciones; la Asociación Civil Nicaragüense de Ingeniería Sanitaria y Ambiental; Intercambios y solidaridad; Fundación Visión Nicaragua; FH Asociación y Oikos-Cooperación y Desarrollo.
Con el cierre de estas ONG son más de 5.600 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente, Daniel Ortega, fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
Diversos países y organizaciones internacionales han acusado al Ejecutivo sandinista de violar los derechos humanos de la población en medio de esta crisis en la que además de organizaciones, han sido cerrados por el Gobierno medios de comunicación e instituciones académicas.
