Una cosa es lo que diga Muhamad y otra lo que dice la resolución: Galán por decisiones sobre Sabana

En los micrófonos de La W, el alcalde Carlos Fernando Galán habló sobre la posición del Distrito frente al nuevo proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente que plantea los lineamientos de ordenamiento en la Sabana de Bogotá.

El mandatario de la capital dejó claro que, como alcalde, tiene el compromiso de protección de las zonas estratégicas y que son conscientes de la recuperación de los ecosistemas, pero al mismo tiempo, Galán aseveró que la forma en la que se construyó la resolución estuvo fuera de la ley.

“Hay un problema de legalidad en la construcción del proyecto. La facultad que dan estas acciones tiene que ejercerse en coordinación con todos los entes; no es si usted quiere participar o no en la etapa de construcción. Eso no ocurrió, y nos tocó presentar derecho de petición y tutela. La respuesta era que no tenían todavía el borrador, y a la Secretaría de Ambiente nunca le presentaron la cartografía ni lo que estaban haciendo. No hubo coordinación y, como dijo el mismo gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, no podemos en cinco días pensar sobre esto o dejar los comentarios sobre esto”, dijo Galán.

En ese sentido, Galán indicó que, por más que la ministra saliente de Ambiente, Susana Muhamad, diga que no se afectan obras viales o los Planes de Ordenamiento Territorial, estos sí se verán afectados, y hay que revisar toda la resolución y los planteamientos que hay en ella.

“(…) Sí se afectan los Planes de Ordenamiento porque dice claramente en el artículo 2 que se harán modificaciones, y sí impacta y pone en riesgo el derecho a la vivienda. ¿Qué va a pasar con una persona que ya tiene su vivienda en cierta localidad y que ahora será zona de humedales? Son 138 barrios afectados que, según la cartografía, quedarían en zonas de humedal”, agregó.

De igual forma, el mandatario resaltó que son 15 proyectos, incluyendo la Primera Línea del Metro y Lagos de Torca, los que se verían afectados.

“(…) Se pone en peligro la viabilización de proyectos. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que está en la resolución. Nos debemos regir por lo que dice el texto del acto administrativo. Sí va a implicar intervención en obras (...). Que yo sepa, no se ha socializado con los habitantes. El mismo presidente dice: ‘alcalde, deje que la ciudadanía se exprese’, es decir, no se ha expresado. No se está cumpliendo con el Acuerdo de Escazú, que pide un ejercicio de transparencia frente a las comunidades. (…) Además, pone en riesgo lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre el río Bogotá, afectado en la construcción de la PTAR Canoas.”

Por último, el alcalde insistió en que, en caso de que se deje en firme la resolución, se tomarán acciones legales, pero también dejó claro que desde la Alcaldía están dispuestos y listos a construir coordinadamente la resolución, pero no bajo los términos y condiciones con los que están manejando la expedición de la resolución.

Racionamiento de agua

En medio de la controversia que ha generado el proyecto de resolución, el presidente Gustavo Petro ha cuestionado la posición del alcalde Galán, asegurando que con sus argumentos dejará a 9 millones de personas sin agua, y el tema del racionamiento de agua en la capital del país cada vez es más grave.

“(…) Estoy de acuerdo en ordenar la Sabana. Yo estoy hablando del perímetro dentro de Bogotá, que según la cartografía se ve afectado. El compromiso con el abastecimiento de agua es total. Recibimos a Chingaza en muy mal estado: 60 millones de metros cúbicos de agua por debajo, y hemos tomado medidas para garantizar más agua. El problema que estamos viviendo es Chingaza 2 y no plantear una solución dejándola en zona de vulnerabilidad. Hemos tomado decisiones que nos permiten tener hoy 48 millones de metros cúbicos para Bogotá en Chingaza. Si sigue la tendencia de diciembre a hoy, podremos evaluar las medidas, o sea, en abril levantar la restricción”, dijo.

Finalmente, Galán también indicó que, aunque recibe señalamientos, no hay soluciones a la vista por parte del Gobierno, porque incluso embalses como Chisacá, Chuza, San Rafael y La Regadera se convertirían en humedales con la resolución.

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